Nueve meses después de Tahrir

Desde que en el verano de 1952, un grupo de oficiales liderados por el coronel Gamal Abdel Naser derrocara la exangüe y anquilosada monarquía parlamentaria encabezada por el rey Faruk I, dos fuerzas han dominado la escena política, social y económica de Egipto: la oligarquía castrense, que desde entonces ha ejercido el poder absoluto, y los Hermanos Musulmanes, el grupo que más ha influido en el desarrollo de las ideologías islamistas –moderadas y radicales- en el amplio tablero del Islam. Aliados tácitos de los militares en aquel golpe de Estado que tuvo como consecuencia colateral el hundimiento de las fuerzas laicas -y que supuso al mismo tiempo una estacada mortal al sistema democrático egipcio-, su anuencia con el Ejército apenas duró dos años, tiempo suficiente para que el nuevo régimen percibiera con claridad que toda su actividad giraba en torno a un único y diáfano fin: islamizar la sociedad y acaparar el poder político. En 1954, Abdel Naser –ahíto de las presiones- ilegalizó la cofradía y perpetuó con ello una relación de amor-odio nacida en la década de los años cuarenta, en vida del propio fundador de la hermandad, Hasan al-Banna. Durante los diez años siguientes, los islamistas fueron perseguidos con saña y Egipto quedó en manos del Ejército, abocado a la ensoñación panarabista-socialista alumbrada por su nuevo faraón.

Desvanecida ésta –en gran parte a causa de la derrota de los ejércitos árabes a manos de Israel en la denominada Guerra de los Seis Días-, su sucesor y delfín, Anwar Sadat, no recurrió a los todavía vivos partidos laicos para reconstruir el sistema, si no que optó por rebuscar en las cárceles y regenerar a los islamistas, a los que creía poder controlar. Convencido de esta estrategia, apostó por permitir cierta islamización de la sociedad al tiempo que trataba de transformar la economía para pasar de un sistema de raíz socialista a otro más liberal, próximo a las ambiciones de Estados Unidos. Su plan fracasó. El país no solo no repuntó, si no que los radicales islámicos –que hallaron espacio para resurgir en sus controvertidas políticas y sus excesos narcisistas- acabaron asesinándolo.

Escarmentado, su sucesor, el coronel Hosni Mubarak, prefirió cerrar el puño sobre la cofradía y emprender el camino hacia un sistema presidencialista sostenido en un partido único. Mantuvo el reparto de poder económico y político entre los militares, a los que ubicó al frente de las diferentes provincias y a los que entregó la gestión de los cerca de tres mil millones de dólares de ayuda bélica que Washington concedió a Egipto en recompensa por la firma, en 1979, del histórico tratado de paz con Israel. En política exterior, Mubarak devino en el mejor aliado de la Casa Blanca en la región –con permiso de Arabia Saudí-, y en sustituto de Irán como el guardián de la zona, asido a aquella máxima atribuida al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger: en Oriente Medio, “no hay guerra sin Egipto ni paz sin Siria”. Una coyuntura externa que durante años le permitió implantar -con el silencio tácito de sus aliados- una férrea dictadura. Años después, y con objeto de edulcorarla para hacerla más digerible a Occidente, edificó una suerte de sistema parlamentario a medida de su partido, el NPD, en el que dio cabida a las tradicionales formaciones laicas. Pero ni al Wafd (en el poder durante la monarquía), ni a otras organizaciones, como la efímera y caleidoscópica plataforma opositora “Kifaya” -germen de las protestas de Tahrir-, se le permitió nunca concitar apoyo popular ni desarrollar fuerza suficiente como para que el laicismo se pudiera desprender de su papel de comparsa y erigirse en una posible alternativa a la tiranía. Solo los Hermanos Musulmanes, a partir del año 2000 y a través de su actividad social, crecieron clandestinamente como fuerza de oposición efectiva. Recuperados de los años de persecución y terrorismo -que ejercieron en la década de los noventa organizaciones extremistas salidas de su seno como la “Yihad Islamiya”-, aprovecharon un resquicio en el sistema para infiltrarse en la partida política: la antigua constitución nacional cedía un tercio de los escaños parlamentarios a candidatos independientes. Dominadores de las organizaciones sindicales, entraron con facilidad en la Cámara, donde hubieran copado todos esos asientos si las elecciones hubieran sido libres. Mubarak –enzarzado desde 2005 en una dura batalla con el resto de la cúpula militar a causa de la sucesión- tampoco lo permitió y con ello contribuyó a ensanchar una de las muchas grietas que al final desembocarían en las protestas de la plaza de Tahrir y en el desplome de su régimen, corrupto y odiado tanto por laicos como por religiosos.

UN FUTURO INCIERTO

Nueve meses después de aquel alzamiento que asombró al mundo, la oligarquía castrense y los Hermanos Musulmanes son aún los principales dominadores del entramado político, social y económico de Egipto. A su vera, la llamada “Revolución de Tahrir” ha alumbrado otros tres actores que luchan ahora por revertir una coyuntura nacional que se ha mantenido casi intacta durante los últimos sesenta años: los numerosos y diversos partidos políticos laicos, que buscan reverdecer vetustos laureles en el actual ambiente de pretendida libertad y que parecen abocados a buscar puntos de acuerdo y a formar alianzas si quieren otear un futuro; los antiguos miembros del desmantelado NDP, que tratan de disfrazarse de demócratas para no perder sus privilegios; y los jóvenes de todas las tendencias, que espolearon las protestas y ahora se afanan para que aquel desafío no se esfume a manos de aquellos que pretenden instrumentalizarlo para aferrarse y repartirse el poder.

Las formaciones políticas –tanto los tradicionales como el medio centenar que han emergido en los últimos meses- parten con una clara desventaja. Heterogéneas, dispares y en muchos casos noveles, la mayoría carecen de una estructura organizativa que les permita recabar apoyos populares y desarrollar un programa sólido que sirva de alternativa de gobierno. Excepto el partido de la Justicia y la Libertad –salido de la rama más joven y crítica de los Hermanos Musulmanes- el resto fluctúan entre el centrismo y el izquierdismo –en su acepción europea-, con la etiqueta de liberales y en muchos casos laicos, pero sin un programa concreto. Las diferencias son mínimas y las ideologías entremezcladas. Con el ánimo de granjearse el respaldo de una sociedad ebria de libertades pero novata en cuestiones de democracia, los grupos islamistas moderados adoptan etiquetas progresistas mientras que muchos de los llamados liberales no tienen empacho en aceptar que el Islam –y sus leyes- deben ser la religión del Estado. A la ecléctica diversidad se une la inmadurez electoral de una sociedad asfixiada económicamente, y ávida por ello de cambios. Durante los últimos treinta años, los egipcios se han visto obligados a elegir entre el caciquil NPD, los desacreditados partidos laicos, y los Hermanos Musulmanes, que concurrían a los comicios –habitualmente amañados- camuflados como independientes, en un proceso carente, asimismo, de derechos fundamentales y sin sufragio universal. En los días previos a la votación, la Policía del régimen solía practicar decenas detenciones, e incluso impedía físicamente a los opositores acercarse a las urnas. A aquellas sólo podían acudir aquellos que previamente hubieran conseguido un carné electoral, trámite que la faraónica burocracia egipcia podía complicar infinito si el futuro votante no era afín al partido de Mubarak. Todo ello hacía que, pese a las ostentosas -y falsas- cifras oficiales, la involucración y la participación real de los egipcios en el proceso democrático fuesen mínimas: reducida a menos del 20 por ciento de la población, y casi restringida a los votantes movilizados por el NDP y por la cofradía musulmana.

En esta explosión de partidos, algunos han sido fundados, además, para servir, única y exclusivamente, a las aspiraciones de empresarios o de miembros del antiguo régimen, en busca de influencia e incluso inmunidad. Pese a que el NDP ha sido desbandado, la Junta Militar que rige el país no ha dado el paso definitivo para impedir que aquellos que medraron bajo el ala de la familia Mubarak puedan proseguir con su actividad política. Aunque la presión popular ha logrado que la autoridad de transición se avenga a iniciar el proceso, existen dudas razonables sobre cuando comenzará y hasta donde está dispuesta a llegar la cúpula castrense.

Estos recelos son, sobre todo, propiedad de las organizaciones juveniles que espolearon el alzamiento el pasado enero y tomaron la plaza de Tahrir durante dos semanas, con la anuencia de aquel sector de la oligarquía militar ahora en el poder y que desde mucho tiempo antes libraba un enconado pulso con Mubarak a causa de las ambiciones de éste de convertir su satrapía en hereditaria. Dueños aún de una gran capacidad de movilización y convocatoria, carecen también de un programa preciso de futuro común, y de ambiciones políticas y sociales compartidas. Aunque se han establecido como una fuerza tener en cuenta en el tablero nacional y mantienen el poder de la calle, existe incertidumbre sobre el grado de impacto que podrán tener a medida que avance la transición y el entusiasmo primigenio amaine.

La compleja ecuación revelará una de sus primeras incógnitas a partir del próximo 28 de noviembre, fecha en la que los egipcios están convocados a las urnas para elegir a la asamblea que redactará la nueva constitución y establecerá las nuevas bases políticas del país. Menos interesados en la presidencia, la oligarquía castrense y los Hermanos Musulmanes consideran esta cita clave. Los primeros ya han dejado pruebas de que su intención es que “todo cambie para que nada cambie”. Aunque insisten hasta la sociedad que su papel se limita a garantizar el proceso de transición hacia un gobierno civil, todo apunta a que no cederán el poder hasta al menos principios de 2013. El plan de tránsito diseñado es largo y se antoja proceloso: a la vista del calendario, parece que la nueva asamblea y el nuevo consejo de Shura (Senado) no quedarán constituidos hasta el primer trimestre de 2012. Después, ambas instituciones deben reunirse y emprender la redacción de la Carta Magna, que una vez consensuada, debe aprobarse en referéndum. Solo después, los egipcios elegirán a su nuevo presidente. En este “interim”, la cúpula militar gozará de la máxima capacidad de maniobra, con espacio para adoptar medidas unilaterales, como ocurrió el pasado verano, cuando introdujo enmiendas a diferentes leyes sin consultar a otras partes. Y tendrá tiempo suficiente para colocar sus “topos” y preparar -como algunos sectores temen- un candidato presidencial “civil” salido de la cúpula -se habla del propio mariscal Mohamad Husein Tantawi, presidente de la Junta Militar y eterno ministro de Defensa del régimen de Mubarak-, si lo cree necesario.

En la misma línea, los Hermanos Musulmanes confían en su experiencia, su amplia red social y su mejor vertebración, además de la vasta influencia cosechada en los años de la tiranía entre las clases medias urbanas y el entorno rural, para mantener su ventaja sobre los nuevos partidos y lograr así un número suficiente de escaños que le permita imponer algunas de sus ideas en la nueva constitución y vetar aquellas propuestas que consideren contrarias a los principios fundamentales del Islam. Escamada tras el cruento desenlace del alzamiento de 1952 y las ejecuciones sumarísimas de los años posteriores, la vieja guardia apuesta por la cautela, pese a la división interna. Y es que sus 83 años de vida, los Hermanos Musulmanes no han sido capaces de solventar su principal debate interno: ¿deben primero alcanzar el poder e islamizar después de la sociedad o viceversa? Parece que en esta ocasión se inclinan, de momento, por lograr influjo… si militares ¿y laicos? se lo permiten. FIN

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