El baile de las serpientes

Casi un año después de que Túnez prendiera la fogarada de las revueltas y desatara los reprimidos vientos de cambio en el mundo árabe, el presidente de Yemen, Alí Abdulá Saleh, se ha convertido en el cuarto mandatario obligado a abandonar el poder y el primero en hacerlo a través de un acuerdo negociado con la oposición, y bendecido por la comunidad internacional. Militar avezado y ducho en el arte de la conspiración, Saleh aceptó a finales de noviembre, tras maniobrar durante meses, una iniciativa auspiciada por Arabia Saudí que le ha permitido huir -en puente de plata- a Nueva York, donde supuestamente culminará la recuperación de las graves heridas sufridas durante el atentado perpetrado contra su palacio el pasado 3 de julio. Atrás deja una tierra en llamas, una sociedad quebrada y una enmarañada ristra de incertidumbres sobre el futuro de uno de los países más pobres del mundo. De acuerdo con el pacto rubricado, once meses después del estallido de unas protestas que han colocado Yemen en el dintel de la guerra civil se inicia un proceso de transición que será pilotado, mano a mano, por quien fuera su vicepresidente, Abdel Rabuh Mansur Hadi, y el principal líder de la oposición Mohamad Salem Basandawa, quienes deberán asfaltar el camino para la celebración de unas elecciones generales libres y plenamente democráticas. Sin embargo, la sociedad yemení parece estar aún lejos de la concordia que se necesita para una transformación de similar calibre. Al menos seis provincias, casi todas en el norte y oeste del país, escapan al control del Gobierno central. Grupos tribales -como los Houthi, de credo chií- no han depuesto las armas y en las calles son todavía multitud los que braman en contra del “apaño” y exigen que Saleh permanezca en Saná para hacer frente a la Justicia. Además, uno de los hijos del dictador fugado mantiene el control de fuerzas de elite acantonadas al norte de la capital y en el ambiente flota un halo añejo de desconfianza emanado de la epopeya del propio mandatario, quien ha sobrevivido a todo tipo de avatares y conjuras desde que en 1978 se hiciera con el poder en la antigua República Árabe del Yemen del Norte, y lograra doce años después reunificar uno de los territorios con más armas por habitante del planeta gracias, sobre todo, a un taimado temple que le permitió cabildear de igual manera -y similar éxito- con contrincantes tan dispares como Estados Unidos, Irán o los grupos de tendencia islamista radical violenta.

Alí Abdula Saleh es también, hasta la fecha, la última víctima de la turbulenta y erróneamente llamada “primavera árabe”. Casi nadie duda de que el proceso de redefinición que estalló tras el gesto de Mohamad Bouaziz, el joven vendedor ambulante tunecino que se inmoló hace un año desesperado ante el funesto sino que le aguardaba en una sociedad sin oportunidades, supone el canto del cisne de una edad que nació a mitad del pasado siglo XX con el golpe de Estado de los “oficiales libres” en Egipto y que se vertebraba en torno al panarabismo de tinte socialista inventado por Gamal Abdel Naser, de quien los tiranos que ahora se precipitan son, ideológicamente, hijos o nietos bastardos. Sin embargo, aún es pronto para saber si el cambio esperable significa ese reverdecer estival que las sociedades árabe-musulmanas anhelan desde hace más de una década, o queda reducido a un melancólico y despacible otoño. De momento, la única verdad que se atisba es que el tiempo de los coroneles se consume y se abre paso una nueva era, que quizá sea la del islamismo moderado.

La senda más despejada parece haberla emprendido precisamente Túnez. Ajeno al nivel de violencia que ha sacudido -y todavía sacude- a sus hermanos, el país norteafricano marca tendencia con una transición casi modélica que ha desembocado en la reciente celebración de elecciones plurales. Como se había pronosticado, la victoria sonrió a los islamitas moderados de An-Nahda, formación proscrita durante la dictadura de Ben Ali. Sin embargo, la diversidad de una sociedad en efervescencia repartió el poder con liberales y representantes de otras formaciones, que ahora comparten responsabilidades. Y aunque los problemas económicos que originaron la crisis aún persisten -regiones rurales y mineras como Gafsa son aún foco de protestas y enfrentamientos- y han surgido nuevos temores sobre el futuro y los derechos de colectivos como las mujeres o de las minorías, el clima de cierta paz política y la esperanza -aún intacta- de la sociedad, inclinan a invitar al optimismo.

Más proceloso se divisa el tránsito en Egipto y Libia. En la tierra que alumbró a los faraones, aquellos que salieron a las calles para derribar al sátrapa aún están a la espera de la revolución inconclusa y con visos de quedar cercenada. En apenas nueve meses, pocos son los cambios trascendentes logrados. El Ejército sigue en el poder, la represión se ha multiplicado y la clase política secular -consciente quizá del poderío que todavía detenta la Junta Militar- parece más proclive a buscar una solución de compromiso con la elite castrense que a cumplir con los anhelos de quienes se resisten a que el espíritu de transformación total surgido de las calles les sea arrebatado. Además, ciertos acontecimientos ocurridos en los últimos meses han propalado la desazón. La violencia ha teñido de sangre el proceso y fortalecido la impresión de que todo ha sido una falaz maniobra de la casta militar para garantizarse sus privilegios y aniquilar las ambiciones hereditarias de la familia Mubarak. La sensación de que el Ejército en realidad pretende perpetuar sus prebendas propició que la plaza Tahrir, motor de las protestas, volviera a rugir una semana antes del inicio del largo -y complejo- proceso electoral que debe desembocar en la formación de una asamblea constituyente que redacte la nueva Carta Magna. Según los plazos establecidos, el nuevo texto no estará listo hasta finales de 2012, tiempo suficiente para que la Junta Militar deje amarradas sus prerrogativas. La respuesta de las autoridades castrenses al renovado clamor combinó represión y sagacidad: por un lado, el mariscal Husein Tantawi advirtió que no se tolerarán desmanes. Por otro, la Junta parece haber camelado a la oposición política para que se suba a su carro con la formación de una suerte de Consejo Civil, que en principio deberá coordinarse con las Fuerzas Armadas y vigilar el proceso de entrega del poder. Los militares saben que más allá de los jóvenes que exigen reformas radicales, solo se enfrentan a una oposición dispar que durante años el propio Mubarak se esforzó en convertir en un erial, y que ahora deja como figuras más destacadas a un ex miembro del antiguo régimen (Amr Musa, que se enfrentó al tirano tras ser durante años su ministro de Exteriores) y a un político de dilatada carrera diplomática, alto prestigio internacional y nula experiencia interna (Mohamad al-Baradai), que aún no ha podido sacudirse esa percepción de ser un extraño, un recién llegado en una sociedad que durante largo tiempo ha observado desde la distancia. En medio, los Hermanos Musulmanes -el movimiento opositor más influyente y estructurado del país- parece aún navegar en dos aguas, reticente a alejarse de las alharacas callejeras de liberales y laicistas y más propenso a un acuerdo tácito con los militares que les permita multiplicar su influencia y evite que se repita el cruento destino que sufrieron sus esperanzas tras la algarada de 1952. La reciente victoria parcial en las elecciones satisface algunas de sus principales pretensiones iniciales, aunque les preocupa un pero: el avance del salafismo radical, convertido ya en la segunda fuerza del país, y motivo también de inquietud para la Junta Militar.

La ingente cantidad de armas y los conflictos entre las diversas provincias y milicias son los dos problemas más evidentes de Libia. Sin embargo, el resurgimiento del islamismo radical de influencia wahabbi-saudí -durante años aplastado por el puño de la dictadura- y la avaricia de los diferentes grupos a la hora de repartir la riqueza del estado se erigen como sus principales amenazas. Huido el dictador, las mujeres con el velo integral (niqab) -e incluso con burqa- y los hombres de barbas luengas y túnicas por los tobillos se han asomado a las calles de la capital. Grupos de salafies, armas en ristre, han comenzado a acosar a los imanes en las mezquitas para exigir una interpretación más rigorista, en incidentes que día a día son más comunes. Incluso se han manifestado frente a universidades y oficinas gubernamentales en demanda de la segregación por sexos en los espacios públicos y han emprendido una campaña para destruir todas las tumbas de sabios y hombres santos venerados por la población, ya que en su interpretación excesiva del Islam se considera una forma de idolatría. La figura más destacada es Abdel Hakim Belhach, un personaje de turbio pasado, entrenado en el arte de la guerra en las montañas de Afganistán, encarcelado por Muamar Gaddafi y que en el pasado coqueteó con la red terrorista internacional Al Qaida en el Magreb (AQMI). Asesinado el dictador, Belhach -protagonista central en la reciente guerra civil- se ha convertido en uno de los hombres más importantes del país. A sus órdenes lucharon las milicias más crueles -aquellas que acabaron los últimos bastiones de resistencia gadafista y cazaron al tirano- y bajo su mando se levanta el aparato de seguridad del nuevo estado. “La división y los enfrentamientos armados entre grupos son cuestiones ligadas a la competencia regionalista del país, y se solucionarán con el tiempo, una vez que los distintos grupos de milicianos se regularicen y vuelvan a sus ciudades de origen”, explicaba el pasado noviembre en Madrid Mansour el Kikhia, uno de los principales asesores políticos del Consejo Nacional de Transición libio. “El mayor problema es decidir que tipo de país y de sistema queremos para el futuro. Mucha gente ni siquiera sabe que significan realmente conceptos como libertad y democracia”, advertía en un intento por aventar las sombras aparecidas en el proceso de transición de un país poco poblado y rico en petróleo.

Los alzamientos en el mundo árabe-musulmán han desencadenado, asimismo, dos procesos de reforma edulcorados -Jordania y Marruecos, país este último en el que los islamistas moderados han ganado los elecciones tras la tibia reforma constitucional impuesta por el rey para blindar la monarquía-, un conato de protestas enterrado en oro -Arabia Saudí abrió enseguida la cornucopia de las arcas del estado-, una protesta aún viva y sangrienta pero casi olvidada por la prensa (Bahrein, donde la enconada situación política y la represión policial apuntan a un conflicto largo) y un estado (Siria) asomado a las puertas de la guerra civil.

Hundido en una espiral de represión sistemática que ha costado ya la vida a más de 4.000 personas -según datos de la ONU-, el régimen que preside Bachar al Asad resiste los embates, pese a la presión diplomática de Occidente, el abandono de gran parte de los gobiernos árabes de la zona y la perseverancia de la oposición, firme en su desafío a pesar de la brutalidad y el alto número de bajas diarias. En una decisión sin precedentes, el grueso de la Liga Árabe aprobó a finales de octubre un paquete de sanciones alentadas por Riad y otros regímenes del Pérsico, que persigue asfixiar los recursos del régimen y fortalecer a los alzados. Sin embargo, expertos en la región apuntan a que las medidas punitivas poseen, ante todo, un carácter simbólico. De la iniciativa ya se han desvinculado estados como Argelia, el Líbano o Irak, países estos dos últimos cruciales. Ambos comparten una larga frontera con Siria y ambos son el vínculo entre Damasco y su principal aliado en la región, Irán, que mantiene desde hace décadas una enconada guerra ideológica con Arabia Saudí por extender la influencia en la zona. “El boicot al Banco Central sirio, que suele ser el que concede los créditos, hará la vida más complicada a los exportadores e importadores”, argumentaba días atrás a la agencia de noticias Reuters Chris Philipps, experto de la Economic Intelligence Unit. Pero existen razones suficientes para creer que gobiernos como Irak y el Líbano no las implantarán, advertía. El mismo documento sancionador ofrece, además, una vía de escape a estos países al excluir acciones que perjudiquen a la población civil siria o que dañen sus propios intereses económicos y comerciales. “Irak tiene reservas a cerca de esta decisión… que puede afectar de forma negativa a los intereses de nuestro país y de la amplia comunidad (de iraquíes) que viven en Siria”, señalaba horas después de la histórica decisión Labeed Abbawi, secretario de Estado iraquí de Asuntos Exteriores, en una declaración de intenciones. En la misma línea pesimista se expresaba un conocido banquero jordano, citado igualmente por Reuters, quien subrayaba que “si cada estado invoca las consideraciones especiales, creo que será una medida más simbólica que práctica. En cualquier caso, agregaba, será un proceso lento que tendrá impacto no solo en la economía de Siria, sino también en sus vecinos.

Responsables de servicios secretos occidentales en la región admiten, por su parte, que tras el telón de las sanciones se esconde también una estrategia clandestina con la que se pretende desgastar al régimen a través de un conflicto fratricida como el que se desencadenó en Libia. Desde hace ya varios meses, activistas de un grupo opositor armado que se autodenomina “Ejército sirio libertario” se han desplegado a lo largo de las fronteras de El Líbano, Turquía e incluso partes del norte de Irak desde donde envían armas al interior de las provincias rebeldes -en particular Homs, Hama e Idleb- y llevan a cabo una agresiva campaña para promover las deserciones en el seno de las fuerzas gubernamentales y constituir una fuerza regular y bien entrenada que sea capaz de enfrentarse a campo abierto con los soldados y sicarios del régimen. Según el relato de varios testigos independientes, en ciertas barriadas de ciudades opositoras como la propia Homs ya es posible ver rebeldes armados con lanzagranadas clase RPG, rifles automáticos de precisión M-16 -utilizados por los francotiradores-, metralletas y subfusiles de asalto AK-42 Kalashnikov, cuyo precio se ha disparado hasta los 1.200 dólares en el mercado negro libanés. Sin embargo, el hermetismo impuesto por el régimen sirio -que ha cerrado el país a la prensa- y las miles de informaciones interesadas que orbitan en torno a la situación real, impiden tener una fotografía clara del conflicto. Entre la comunidad internacional prima de momento la cautela, aunque no se oculta que el objetivo prioritario es la caída definitiva de la dinastía Al Asad. Hasta la fecha, los gobiernos occidentales han obviado la petición de los opositores sirios de que se imponga una zona de exclusión aérea en el país, preludio de una intervención extranjera como la que propició la victoria de los alzados en Libia y acortó la guerra civil. La capacidad de Damasco -un régimen más cuajado que el de Gaddafi-, unido a su posición geográfica, sus peligrosas amistades -Irán, los grupos chiítas libaneses Hizbulá y Amal, y el movimiento de resistencia palestino Hamas- y las reticencias de grandes potencias como China y Rusia, causan que la ecuación siria adolezca aún de numerosas incógnitas por despejar. Como asegura un viejo amigo fotógrafo exiliado en El Cairo, el devenir de la revuelta en Egipto es clave para el futuro de Oriente Medio. La eventual desaparición del actual régimen sirio, asegura, rediseñará el mapa político de la región, “y quizá el del mundo”. FIN

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