¿Cruento camino de regreso… ?

Cosida con unos burdos pespuntes, la túnica que revestía de revuelta popular la caída del presidente egipcio Hosni Mubarak y ocultaba lo que en realidad era una asonada cainita, ha tardado apenas un año y medio en desgarrarse. Tras varios días de enconado pulso político, el Tribunal Constitucional Supremo egipcio decretó el jueves la inconstitucionalidad del proceso de elección de los diputados independientes, anuló el resultado de los últimos comicios legislativos y ordenó por ello la disolución del Parlamento y del Consejo de Shura, aunque le futuro de esta última institución es aún un misterio. Horas más tarde, Egipto retrocedió un año y medio por una senda teñida de sangre y frustración hasta situarse de nuevo en el kilómetro cero de su teatral proceso de transición. En un comunicado la Junta Militar que gobierna de facto el país desde la encubierta algarada contra las ambiciones dinásticas del depuesto tirano, anunció que retomaba el poder legislativo hasta que sea redactada la futura Carta Magna.

La jugada, que en sí misma constituye un nuevo golpe de estado contra un proceso pseudo-democrático, no ha sorprendido ni en los mentideros políticos ni en las atestadas calles de la capital, impregnadas de ira, hartazgo y creciente fatalismo. Desde el pasado mes de abril se aventuraba ya como una posibilidad cierta, pero no comenzó a concretarse hasta principios de la presente semana, después de que las fuerzas laicas boicotearan por segunda vez la composición de la Asamblea Constitutiva. Asidos al mismo argumento que condujo al fracaso el primer intento, la mayoría de las fuerzas laicas abandonaron el hemiciclo en pleno ejercicio del sufragio después de denunciar una conspiración de los islamistas para monopolizarla.

En el fondo de la polémica subyace la propia definición de islamista, en un país sin apenas recursos democráticos e inmerso en un proceso de democratización tutelado por dos fuerzas ajenas a las urnas y estrechamente vinculadas al antiguo régimen: la Junta Militar, liderada por quien fuera durante veinte años el ministro de Defensa de Mubarak, y la Judicatura, compuesta en un noventa por ciento por magistrados elegidos en los años de la dictadura. Los influyentes Hermanos Musulmanes quieren que el término se circunscriba a su formación satélite -el Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ)- y a los miembros del grupo salafista An Nur, que juntos suponen cerca del 70 por ciento del arco parlamentario. Las movimientos laicos pretenden, por su parte, que se aplique a todas las formaciones -como el Partido Al Wasat (escisión de la Hermandad), los radicales de la Gamaa Islamiya, el conservador Partido de la Construcción y el Desarrollo e incluso los representantes de Al Azhar, y también a los diputados que entraron en la Cámara por la puerta de los independientes, como los afines al ex candidato presidencial Abdel Moneim abul Futouh, antiguo miembro de la Cofradía.

La cuestión no es baladí, ya que de ella depende gran parte del futuro del país, así como el modelo de estado hacia el que finalmente derivará Egipto. Ante la posibilidad cierta de que la supremacía islamista en la Cámara sirviera para imprimir un sesgo ultraconservador y retrógrado al nuevo código, grupos liberales y laicos sopesaban ya desde hace semanas la opción de que fueran los militares quienes redactaran el nuevo texto o incluso enmendaran la Constitución de 1971, ahora abrogada. “Para muchos, la intervención de la Junta era la mejor manera de reducir el papel de los partidos islamistas en la redacción de la Carta Magna“, confirma Maria Ottaway, investigadora de la organización de estudio y análisis Carnegie Endowment For International Peace. “No importa cuantos grupos tengan que regatear. Los Hermanos Musulmanes y los salafies están decididos a influir en una constitución escrita por un órgano electo. El fracaso de la segunda asamblea bien puede servir a los intereses de algunos partidos no islamistas, aunque otros aún se oponen a una intervención de la Junta“, argumenta.

Las consecuencias últimas de este órdago castrense comenzarán a dilucidarse este fin de semana. Pese a que no existen estadísticas fiables, todo apunta a que el candidato de los Hermanos Musulmanes, Muhammad Mursi, ganará con holgura la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y hará realidad el quimérico sueño del fundador de la cofradía, Hasan al Banna. Sobre todo, después de que la decisión del constitucional haya enervado a la Hermandad, que ha visto como las fuerzas que durante años mantuvieron ilegalizado el movimiento le han robado el poder alcanzado en las urnas y ha instado por ello a la población a acudir en masa a las urnas para hacer una demostración de fuerza. Una victoria de su rival, Ahmad Shafiq, último primer ministro de la era Mubarak, abrirá, sin embargo, las puertas de lo insondable y podría asomar de nuevo a Egipto al abismo de la violencia. Escamados por una historia -la del golpe militar de 1952 contra el rey Faruk, que ahora parece repetirse-, los Hermanos Musulmanes aprovecharon la jornada de reflexión previa a la votación de este sábado para advertir que no aceptarán un posible fraude. Arrellanado en su silla habitual de una conocida cafetería del centro de El Cairo, Mahdi Hasan Shafaq, escribe en su twitter !Que os creíais ilusos, nada ha cambiado. Aquí nunca hubo una revolución! Son cada vez los que comparten esa sensación de engaño y de oportunidad perdida. Aquellos que se retuercen en la burla pero que vuelven a rebelarse, aunque ahora sin esa ingenuidad que les llevó a apelotonarse en la plaza de Tahrir y creer que los años de oscuridad, represión, tortura e indignidad habían fenecido como por ensalmo. La realidad, no obstante, se obstina en empujarnos a pensar que, en verdad, solo ha habido un intercambio sutil de fichas, una simple sustitución de jugadores, y que la transformación genuina ni siquiera se atisba. El poder económico, legislativo y militar sigue en manos del Ejército, todavía omnímodo. También las herramientas represoras. En un habilidoso acto de prestidigitación, y pocos días antes de las elecciones y de la anulación de la Asamblea, el ministerio de Interior devolvió a los militares la potestad para arrestar a civiles por delitos de derecho común. Un diestro truco dialéctico para restaurar la ley de emergencia levantada el pasado mayo, tras más de tres décadas en vigor. Junto a ellos, las elites económicas del antiguo régimen -a las que corteja Shafiq y en parte representa- permanecen inalteradas, firmes en sus puestos, desplegando todos los recursos a su alcance para defender sus privilegios. Como si de una ruleta rusa de alianzas cambiantes entre el Ejercito, los poderes fácticos económicos y los islamistas se tratara. “Entiéndelo bien”, me escribe Shafaq. “El legislativo y el Ejecutivo en manos de los Hermanos Musulmanes era demasiado. Nadie se fía de ellos, ni los militares ni quienes controlan con ellos la economía. Como compañía principal para el teatro de la democracia, quedaban bien. Pero nada más allá. No les dejarán que copne el poder”. FIN

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