El dilema (de la primavera) saudí

Apremiado por amigos y familiares, el 4 de febrero de 2012 Hamza Kashgari empacó una maleta a la carrera y abandonó su domicilio en la ciudad saudí de Yeda rumbo a la vecina Jordania. Esa misma mañana había recibido un mensaje de uno de sus colegas más íntimos. Contenía una sola palabra: “corre”. Horas después, cruzada ya la frontera jordana, supo que clérigos wahabíes habían desatado una campaña de persecución en su contra. En la red social “Facebook”, alguien había abierto una página bajo el epígrafe El pueblo saudí quiere la ejecución de Hamza en las que se sucedían las adhesiones, y cientos de usuarios de twitter pedían su linchamiento por blasfemia. A la persecución se sumaron días después cancerberos de la intransigencia como el jeque Nasir al Omar, quien lo convirtió en el antagonista de su famosa lección en Youtube e incluyó su nombre entre los perjuros. Su pecado, tres controvertidos tweets que Kashgari, conocido por sus polémicos artículos en el diario local Al Bilad, envió a sus seguidores durante la celebración anual del cumpleaños del profeta Mahoma. “(En esta fecha) no me voy a inclinar ante ti. No voy a besar tu mano. Al contrario, te la voy a estrechar de igual a igual, y a sonreirte como tu me sonries. Te hablaré como amigo, nada más”, escribió en uno de ellos, de acuerdo con la traducción al inglés que el diario norteamericano The Christian Sciencie Monitor atribuyó en uno de sus artículos a Pascal Menoret, autor del libro “The Saudi Enigma: a history” y profesor de estudios sobre Oriente Medio en la New York University Abu Dhabi.

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No pudo llegar muy lejos. Para entonces, era ya un fugitivo perseguido por el poderoso aparato de represión saudí-wahabí. Desde los palacios reales se había ordenado su arresto y penaba en una comisaría del Kuala Lumpur, donde fue apresado cuando se aprestaba a embarcar en un avión rumbo a Nueva Zelanda. Escasos días después era deportado, pese a la presión de organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que avisaron de que sus derechos no serían respetados. Su funesto augurio se cumplió. Nada más descender del avión fue encarcelado y confinado en soledad, sin acceso a un abogado. Un año después, sigue preso a la espera de juicio, acusado de apostasía, blasfemia y ateísmo, pese a haber expresado su arrepentimiento. De poco o nada han servido desde entonces las denuncias, silenciadas a golpe de amenaza. En los días previos a su extradición, un grupo de colegas y allegados lanzó una campaña de sensibilización en la web que en breve espacio de tiempo sumó más de 4.000 apoyos. El régimen saudí respondió con contundencia. El 13 de febrero de 2012, el diario oficialista Al Hayat publicaba un artículo en el que advertía que cualquiera que defensiese al joven (23 años) en la red podía ser denunciado y llevado ante un juez.

Un año después, y a pesar de la citada advertencia, el recuerdo de la trágica historia de Kashgari –y de otros como él– ha rebrotado, arrastrado por la decisión del régimen de ajusticiar a siete presuntos ladrones en la provincia meridional de Asir, colindante con la frontera de Yemen, y reabierto el debate sobre la naturaleza de las relaciones con el régimen saudí. Al igual que entonces, baldías han sido las protestas, numerosas y contundentes en el caso de las organizaciones internacionales y ténues en el de las cancillerías mundiales. Todos ellos fueron condenados y ejecutados tras un proceso en el que, según AI, los acusados carecieron de defensa y se les negó el derecho a apelar. De acuerdo con el citado grupo, los siete fueron torturados en la prisión de Abha y antes de la vista, un grupo de hombres les recordó que si se retractaban se repetirían los tormentos. El eco exterior de la desesperada campaña emprendida por sus familiares logró que el ajusticiamiento se retrasara unos días. Simple espejismo. Tras un breve periodo de incertidumbre -barnizado de efímera esperanza-, el principe Miteb, hijo del rey Abdulá y uno de los principales representantes de esa nueva generación que podría aspirar al trono en un futuro no muy lejano, les anunciaba que debía cumplirse “la ley de Dios“.

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Cuna del Islam y uno de los principales suministradores de crudo del mundo, Arabia Saudí se acerca a su primera centuria de existencia como nación sostenida en el filo de la navaja. La oleada de cambios que agita Oriente Medio, unida al auge de los movimientos radicales de oposición, la transformación del modelo energético, el incontrolado crecimiento demográfico -que ha abismado las diferencias sociales y agudizado problemas como el paro y la pobreza en uno de los reinos más ricos de la Tierra- y el desafecto cada vez mayor entre una población joven y dinámica y una gerontocracia asida al pasado que no ha sabido -o no ha querido- asumir aún los retos de la modernidad proyectan sombras sobre el futuro de un aliado considerado clave en el tablero internacional pese a su aversión a las estructuras democráticas y su escaso respeto a los derechos humanos. A ello se suma, además, la creciente tensión entre la familia Real y la casta clerical, origen, en gran parte, de la gestión de casos como el de Kashgari, que van más allá de la simple censura y hunde sus raíces en las divergencias que comienzan a aflorar en el seno de una dinastía aún aferrada a estructuras tribales. El reino del desierto se sostiene sobre un pilar labrado 250 años atrás en los alredededores del oasis hoy convertido en la populosa Riad: La alianza “sacra” que en el siglo XVIII suscribieron un clérigo revisionista y perspicaz llamado Muhammad Abdul Wahab y un señor tribal con ambiciones expansivas y poderío bélico, conocido como Muhammad Ibn Saud.

Perseguido por la intemperancia de su doctrina -que algunos intelectuales islámicos consideran rayana con la herejía-, Abdul Wahab halló en el entonces emir un escudo frente a todos aquellos que combatían su pensamiento retrógado e intransigente, conocido como wahabismo. Al Saud, por su parte, consiguió para sí y para su familia una legitimidad religiosa de la que carecía y que con el tiempo le convirtió en guardián del Islam prístino y en el único custodio de los Santos Lugares de Medina y La Meca. Desde entonces, ese concordato ha condicionado no solo en el devenir del poder temporal y el poder religioso de Arabia, sino también el desarrollo de las estructuras políticas, económicas, culturales y judiciales de un país anclado en el ayer y reticente al mañana, en el que la democracia parece una quimera y las libertades personales y colectivas están en permamente peligro. Expertos como el propio Menoret coinciden en subrayar que el volcán de ira popular que estalló en Oriente con las revueltas de 2011 en Túnez, Egipto o Siria no solo no ha servido para quebrar el inmovilismo saudí, sino que al contrario, ha contribuido a apuntalar las tesis de los miembros más conservadores de la amplia y diversa familia Real que, asustados ante la posibilidad de ver contestados sus privilegios, parecen dispuestos a frenar los pequeños atisbos de reforma y contentar así más a los más reaccionarios, en busca de salvaguardar esa legitimidad que cada vez más sectores de la dispar sociedad saudí empiezan a discutir, en particular los más fanáticos.

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A la situación actual ha contribuido igualmente la comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, que nunca ha sabido lidiar con el “problema saudí”, más allá de proteger sus intereses estratégicos y comerciales. La relación bilateral se oficializó el 14 de febrero de 1945, apenas tres días después de la afamada conferencia de Yalta. El entonces rey de Arabia Saudí -y fundador del moderno estado- Abdulaziz Ibn Saud y el presdiente norteamericano, Franklin D. Roosvelt, compartieron unos minutos a bordo del buque de combate USS Quincy, que navegaba por aguas del golfo de Suez. Diversas fuentes coinciden en señalar que fue en su cubierta donde ambos cerraron un pacto de caballeros secreto por el que Arabia Saudí se comprometía a abastecer de petróleo de forma preferente a Estados Unidos a cambio de apoyo político y garantías plenas de que siempre defendería su seguridad. Thomas W. Lippman, periodista del diario The Washington Post y autor del libro “Arabia Saudí on the Edge”, destaca que pese a no quedar rubricado en papel, este pacto -que abrió las puertas del desierto arábigo a las empresas norteamericanas y ha convertido a Arabia Saudí en uno de los principales coleccionistas de material bélico estadounidense- ha sido asumido por todos los inquilinos de la Casa Blanca, desde Harry S. Truman a Barack Obama. Ni el reconocimiento estadounidense del Estado de Israel en 1948; ni el embargo petrolero impuesto a Occidente en 1973, ni más recientemente, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York, lograron quebrar la solidez de una alianza que dura más de 60 años y que es una de las claves para entender la región. Solo la ilegal invasión de Irak en 2003 y el estallido del proceso de cambio en el mundo árabe -del que algunos príncipes saudíes responsabilizan en privado a la administración Obama- y el creciente papel de China -que ha sustituido a EEUU como primer consumidor de crudo saudí- han introducido un factor de conflicto en una relación tradicionalmente carecterizada por la indulgencia.

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Los lazos, dulces durante años, comenzaron a devenir en un quebradero de cabeza para la casa de Saud en agosto de1990. Aquel tórrido verano, tropas iraquíes invadieron el vecino emirato de Kuwait y se colocaron a escasos kilómetros de la frontera saudí. Asustada, la familia Real invocó la doctrina Carter y solicitó el apoyo militar de Estados Unidos, que en apenas seis meses expulsó a las tropas de Sadam Husein y trocó para siempre, a golpe de tanque, la política de Oriente Medio. El desembarco de los marines norteamericanos en la tierra sagrada del Islam enervó a los clérigos más radicales, indignados por la herejia que suponía la presencia de extranjeros en la tierra de Mahoma. A ellos se sumaron cientos de ex combatientes yihadistas, liderados por apóstoles de la violencia como Osama bin Laden, veteranos de la guerra santa en Afganistán recien llegados a un hogar que no reconocían. No solo no habían sido bienvenidos, recompensados por su esfuerzo en el camino de Alá, sino que vagaban por el país, arrinconados, señalados y vigilados pese a que también ofrecieron sus armas para neutralizar la amenaza iraquí. La tensión estalló en 1994 con una serie de atentados mortales que segaron la vida de decenas de personas -entre ellas varios estadounidenses- y contribuyeron a frenar el incipente movimiento de reforma nacido tras la invasión de Kuwait. Diez años después, una segunda oleada de terrorismo y represión anegó de igual modo la esperanza y las promesas de calculada apertura con las que el actual monarca, Abdulá, inauguró su reinado. En aquellos aciagos años de la invasión ilegal de Irak, parecía osado discutir la habitual política norteamericana para la zona: primero seguridad. Malas noticias para aquellos saudíes -y árabes, en general- que exigían más libertad.

Desde entonces, poco se ha avanzado, al menos en lo que corresponde a Arabia Saudí. Dominado por una casta clerical obsesionada con una interpretación estricta y reaccionaria de la Sharía o ley islámica, y gobernada por una familia Real encerrada en sus propios cabildeos, el reino del desierto ha regatado con una mezcla de opresión e incentivos económicos el impacto en su propio territorio del proceso de cambios en el mundo árabe, que observa con aprensión. Con el palo y la zanahoria en la mano, se ha limitado a escenificar una serie de reformas cosméticas y de fuerte impacto mediático como el acceso de la mujer al Consejo Consultivo -un órgano sin poder efectivo que aconseja al soberano y que él mismo designa- o el derecho de éstas a votar en las elecciones municipales previstas para 2015, sin entrar en cuestiones esenciales como la modernización de las estructuras políticas del reino y la asunción de derechos universales. Ignoradas permanecen la demanda de comicios para la elección del Gobierno -exigida por una buena parte de la población desde la década de los noventa- o la codificación y modernización de un sistema legal que se cimenta en el albedrío de quienes interpretan la Sharía o ley islámica. Igualmente relegadas han quedado la imprescindible reforma del sistema educativo o la inclusión de otros grupos y minorías a los organos de decisión del Estado, además de la necesidad de construir una sociedad civil liberal y sólida que contrarreste la creciente influencia de los más retrógrados.

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Un largo camino aún, no exento de piedras, al que en nada contribuye el pertinaz -y sesgado- silencio que frente a los abusos mantienen gran parte de los gobiernos del mundo. Más allá de las corrientes reaccionarias -que se consolidan como principal movimiento de oposición a la familia Al Saud-, en la sociedad saudí existen voces liberales que reclaman un mejor gobierno dentro de los parámetros de un islam sincero y moderno. Hombres y mujeres que promueven una sociedad más abierta, mejor educada y más justa sin renunciar a las tradiciones y la peculiaridades de un país con gran influencia entre sus vecinos. Propuestas para diseñar una democracia propia y singular, “ad hoc”, que apenas se escuchan fuera de las fronteras (ahogadas por el ruido de los radicales y el inmovilismo del régimen) y que se topan en el interior con la falta de cultura política en una nación en la que no existen partidos ni sindicatos fuertes, y en el que el asociacionismo se limita a las organizaciones de naturaleza religiosa y caritativa, muchas de las cuales difunden desde hace años la visión más reductora del wahabismo. En tiempos de mudanza mundial, concederles un altavoz quizá signifique apostar también por el futuro de una región en la que hace dos años brotó una incipiente (y frágil) primavera.  FIN

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